Encabeza Oaxaca ataques periodistas y activistas


Oaxaca se ubica dentro de los tres primeros lugares del país en ataques contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y en el primer lugar en el caso de mujeres defensoras, reveló el Informe Ciudadano Bajo Ataque Los derechos humanos en Oaxaca 2013-2018.

En el marco del Examen Periódico Universal (EPU) ante la ONU, al que el gobierno mexicano será sometido este año, el documento elaborado por organizaciones de la sociedad civil enfatiza también el uso sistemático de la criminalización a la protesta social. En los últimos años -precisó- la ONU se ha pronunciado en seis ocasiones por un total de 31 defensores de derechos humanos criminalizados en Oaxaca.

El documento fue presentado en el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca (MACO) por Jesús Peña, Representante Adjunto en México del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas, Cris Wall y Anja Kersten, responsables de Derechos Humanos en las embajadas en México de Reino Unido y Alemania, respectivamente.

En su oportunidad, Yesica Sánchez Maya, de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad precisó que México y en especial Oaxaca enfrentan importantes retos en la materia con un número relevante de recomendaciones formuladas tanto en el marco EPU como por los mecanismos internacionales de derechos humanos.

Desprecio a derechos humanos

La activista precisó que el análisis abarca desde el segundo año de gobierno de Enrique Peña Nieto en el gobierno federal, el gobierno de Gabino Cué Monteagudo y el primer año de Alejandro Murat Hinojosa.

En dicho lapso se analizaron casos de desapariciones de Edmundo Reyes Amaya, Carlos René, Virginia y Daniela Ortiz, entre otros. Señaló que en este sexenio del gobierno federal tan sólo en el primer año se disparó de manera alarmante el delito en el país.

En el terreno estatal, plantea el informe, el actual gobierno “ha mostrado un abierto desprecio a los derechos humanos”.

Creciente violencia

Agrega que en materia de políticas públicas se ha retrocedido en temas fundamentales para la gobernabildiad del estado, se incrementó la violencia contra las mujeres, se aprobó con retraso el nuevo Plan Estatal de Desarrollo, de ahí que a la fecha no se cuente con un presupuesto adecuado para ningún tipo de acción de Estado.

El informe entregado consta de ocho capítulos establecidos en: políticas públicas en el contexto de los derechos humanos; ataques a personas defensoras de derechos humanos; criminalización de la protesta social; tortura; periodistas y libertad de expresión; tierra, territorio y derechos de los pueblos indígenas; niñas, niños y adolescentes; y violencia feminicida.

Comentarios